El ataque a la población civil, perpetrado en Morelia durante la celebración de la Independencia, abre un capítulo nunca antes transitado

El ataque a la población civil, perpetrado en Morelia durante la celebración de la Independencia, abre un capítulo nunca antes transitado en nuestro país: el del terrorismo. La condena es unánime, pero las acciones y los discursos oficiales generan aún mayor desesperanza.Según apunta Norberto Bobbio, la legitimidad se define como la capacidad de un Estado para obtener obediencia, sin que sea necesario recurrir a la fuerza.El problema es que en México, Felipe Calderón proviene de un proceso fraudulento y por tanto, representa a un gobierno ilegítimo de origen.De acuerdo a los teóricos, en el ejercicio del poder político, lo que es percibido por la mayoría como legítimo, es consecuentemente obedecido, salvo algunas excepciones, y lo que es percibido como ilegítimo, es por consiguiente desobedecido, a menos que se imponga la obediencia por medios coercitivos y/o violentos.Desde la posición de la ciudadanía, el poder real lo ejerce quien accede a él cumpliendo los requisitos para mandar. Por tanto, no puede mandar alguien que ha desobedecido el mandato mismo del pueblo. En el 2006 se violó la ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de reconocer las irregularidades y los votos espurios, avaló el proceso y legalizó la ilegitimidad.Recordemos que al día siguiente de la elección, Felipe Calderón anunció en conferencia de prensa que contaba con 14 millones 800 mil votos. Lo mandaron callar. Luego salió Juan Camilo Mouriño a decir que en realidad eran más de 15 millones de votos. ¿De dónde?El investigador del CIDE y experto en materia electoral José Antonio Crespo documenta en su libro 2006: Hablan las actas, el desaseo y parcialidad de los magistrados para proclamar a Calderón como ganador y concluye que su triunfo no se sustenta “lógica y aritméticamente”.El 16 de septiembre, a unas cuantas horas de los sangrientos acontecimientos de Michoacán, desde la grandeza de su soledad, Calderón pronunció uno más de sus desesperados discursos. Con una desproporción equivalente al tamaño de la columna de la independencia en relación a su estatura moral, tronó: “La patria exige la unidad nacional. Unidad que supone apoyar la tarea del Estado para hacer frente a los criminales”. De acuerdo con el diccionario, crimen proviene del latín y significa quebrantamiento de la ley. ¿Será que quien la quebranta puede convertirse en desquebrantador? ¿Quien promovió una campaña de odio para dividir a los mexicanos considera que tiene fuerza para llamar a la unidad? ¿Acaso un violador de principios puede acabar con la corrupción y el narcotráfico?Parafraseando el lema no oficial de campaña de Bill Clinton en 1992, podemos ubicar el fondo del problema actual en nuestro país: es la legitimidad.

Los contratos con empresas extranjeras en Chicontepec, Veracruz, también demuestran, cuando menos, lo absurdo de la política privatizadora.

Los contratos con empresas extranjeras en Chicontepec, Veracruz, también demuestran, cuando menos, lo absurdo de la política privatizadora.En esta zona, con amplias reservas de petróleo, pero cuya extracción supone gran dificultad técnica, entre 2004 y 2007 se incrementó la inversión de dos mil 905 millones a cuatro mil 871 millones, cerca de 70 por ciento. Las fechas coinciden con la contratación de las empresas Schlumberger y Halliburton para la perforación de 300 pozos. Sin embargo, en ese periodo la producción pasó de 25 mil 223 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (pce) a 26 mil 625 millones de barriles diarios , es decir, únicamente se incrementó seis por ciento. En suma, Burgos y Chicontepec resultaron un magnifico negocio para los contratistas pero un pésimo negocio para la nación.En 2007, la empresa noruega PetroMena, poseedora de plataformas de perforación para aguas profundas, rentó durante cinco años tres plataformas: la más grande para 3 mil metros de profundidad a Petrobras America Inc., en 750 millones de dólares. La de capacidad media, para 2 mil 500 metros de profundidad, a Petrobras Brasil, en 645 millones de dólares. Y la de menor capacidad, para 2 mil metros de profundidad, a Pemex a un costo de 940 millones de dólares. En pocas palabras, Pemex rentó la plataforma más pequeña 300 millones de dólares más cara.

El domingo pasado nos reunimos varios centenares de personas en el Centro Cultural Veracruzano para constituir la Coordinadora Coyoacanense

El domingo pasado nos reunimos varios centenares de personas en el Centro Cultural Veracruzano para constituir la Coordinadora Coyoacanense en Defensa del Petróleo y la Soberanía Nacional. En los últimos meses este es el tema que nos ha congregado y alrededor del cual nos organizamos, nos coordinamos y resistimos.Estuvieron en el evento la senadora María Rojo, los diputados federales Gerardo Villanueva y Adrián Pedrozo, y el diputado local Miguel Sosa; Asa Cristina Laurell y Jesús Martín del Campo, del gobierno legítimo de México; y Eugenia Flores, del PT, entre muchos más. La maestra Ifigenia Martínez, del Frente Amplio Progresista, procedió a tomar la protesta y con esto formalizó el esfuerzo colectivo que se fue forjando, previo a la organización de la consulta ciudadana celebrada el 27 de agosto.Con satisfacción podemos decir que en este proceso democrático participamos en Coyoacán más de 60 mil ciudadanos, que hicimos oír nuestra voz a través de las urnas. Que se oiga claro: en la consulta energética 85% de los coyoacanenses nos pronunciamos contra la reforma entreguista de Calderón.Iniciamos ahora una nueva etapa en la resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Debemos estar atentos, porque si el PRI y el PAN deciden aplicar la máxima de su jefe Carlos Salinas de Gortari, aquella de “ni los veo ni los oigo”, a pesar del debate, de la consulta y de la iniciativa legislativa del FAP propuesta por los expertos, sin duda que nos movilizaremos.

el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el Gobierno Legítimo de México y el Frente Amplio Progresista,

el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el Gobierno Legítimo de México y el Frente Amplio Progresista, solicitamos a un grupo muy amplio de profesionales, expertos, intelectuales y académicos, la elaboración, con toda libertad, de una Propuesta Ciudadana de Reforma Energética que tuviera como único propósito, el interés nacional y el beneficio de México. Cuando se nos dio a conocer esta propuesta, hubo consenso y fue aceptada por todos. También la apoyan más de 100 personalidades, expertos, intelectuales y académicos, un grupo plural de diversas ideologías y disciplinas, de lo mejor que hay en el país. La propuesta ya se presentó formalmente al Senado y tiene como objetivo establecer una política energética de Estado que se sustenta en la soberanía y seguridad nacional, basada en el respeto a la Constitución y en el fortalecimiento de Pemex. El trabajo de los expertos incluye un análisis detallado de las iniciativas de Calderón y del PRI, así como los dictámenes para rechazarlas porque están orientadas a pulverizar y privatizar la industria petrolera, violando la Constitución. Esta reforma alternativa contiene también un Plan de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Pemex que consiste en otorgarle recursos a partir de 2009 para ampliar su capacidad de refinación, petroquímica y restitución de reservas de petróleo y gas. Aquí abro un paréntesis para decir que el gobierno usurpador ha venido mintiendo en toda su costosa campaña publicitaria en medios de comunicación. Empezaron con el engaño del tesoro de las aguas profundas y, actualmente, están transmitiendo un comercial por televisión, en el que se afirma “que en México la ley prohíbe hacer refinerías”, lo cual es absolutamente falso. El marco legal no prohíbe que se hagan refinerías; se impide que las haga el sector privado y los extranjeros. Calderón no las construye, no porque no pueda legalmente o porque no haya dinero, sino porque tiene compromisos inconfesables con organismos y empresas internacionales para privatizar la refinación del petróleo. Con la propuesta elaborada por los técnicos, expertos e intelectuales se comprueba que no se requieren grandes cambios legales para reforzar las actividades de Pemex y reducir la importación de gasolinas, gas y petroquímicos. Queda claro que existen recursos humanos y económicos en el país para fortalecer a Pemex, sin ceder a la iniciativa privada la renta petrolera ni el manejo de sus áreas estratégicas exclusivas. En suma, la propuesta ciudadana asumida por el Frente Amplio Progresista demuestra que sí hay una alternativa, que sí hay otro camino.