Bien se sabe. Pero no hay que dejar de repetirlo: la impunidad es el mejor caldo de cultivo de la violencia

Bien se sabe. Pero no hay que dejar de repetirlo: la impunidad es el mejor caldo de cultivo de la violencia. Lo es de modo especial en Oaxaca, donde no ha habido poder institucional o político que resuelva los asesinatos de más de veinte personas ocurridos en el segundo semestre de 2006. No sirvió para nada la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso, emitida hace ya cerca de dos años, en mayo de 2007. Ruiz la eludió como es de suponerse que hará con la investigación constitucional que la Suprema Corte de Justicia mantiene en curso sobre el mismo periodo y los mismos casos. El informe de los magistrados responsables de la indagación fue ya presentado al tribunal y ahora está en manos del ministro Mariano Azuela, ex presidente de ese cuerpo, elaborar el dictamen correspondiente, que el pleno discutirá y aprobará. Después de los fallos de la Corte en casos precedentes, no parece que el Gobernador oaxaqueño tenga mucho que temer. Cuando más, en condiciones análogas a las violaciones constitucionales en Atenco, se resolverá que las hubo también en Oaxaca. Pero en consideración más propia de la metafísica que del derecho, se concluirá que habiendo faltas no hay a quién atribuirlas. Antes y después de estas intervenciones parajudiciales prevalece en aquella entidad la sensación de que es posible matar sin consecuencias. Si se trata de víctimas que de alguna manera se oponen al Gobierno, el actual o al anterior, con mayor razón se buscará que sus verdugos queden sin castigo. Tales con los casos emblemáticos de Serafín García Contreras, asesinado a palos en julio de 2004; de Guadalupe Ávila Salinas, ultimada en septiembre siguiente, y el de las reporteras de una radio comunitaria indígena, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, emboscadas hace un año, el 7 de abril de 2008. A esa macabra lista se agregó el lunes pasado el nombre de Beatriz López Leyva, una militante de izquierda, de 34 años, muerta de un balazo en la cabeza en su propio domicilio en San Pedro Jicayán, cerca de Pinotepa Nacional.

Resulta una verdad irrefutable que nuestro país enfrenta ya una de las crisis económicas más fuertes de su historia

Resulta una verdad irrefutable que nuestro país enfrenta ya una de las crisis económicas más fuertes de su historia y, paralelamente, las llamadas "elecciones intermedias" están a la vuelta de la esquina. De hecho, los tres principales partidos políticos se encuentran inmersos en verdaderas guerras internas por la definición de candidaturas y externas por la difusión de spots televisivos y en Internet en las que todos tratan de vender sus principales logros. Sin embargo, y a pesar de lo que puedan decir en su propaganda, es un hecho que a poco más de ocho años de gestión panista los resultados obtenidos son alarmantemente graves: el poder adquisitivo de la gente se encuentra pulverizado y la economía se halla no sólo estancada, sino que durante el presente año se ha visto disminuida, mientras el desempleo es el más alto desde 2000. De esta manera, con preocupación y coraje los mexicanos nos damos cuenta de que mientras en diciembre de 2000 un kilogramo de frijol nos costaba seis pesos, al mes de marzo del presente año debemos pagar por ese mismo kilo de frijol 22 pesos (y dicen que aumentará). O como en el caso de la tortilla, cuyo precio llegó a ser de 2.50 pesos por kilogramo y actualmente no se encuentra en menos de nueve pesos. Esto es, que tan sólo estos dos alimentos esenciales en la dieta de los mexicanos han incrementado su precio en 266 por ciento y 260 por ciento, cada uno. Y no se diga otros productos, como el huevo, el arroz, el aceite o la gasolina, que durante ese mismo lapso han registrado incrementos de 223 por ciento, 104 por ciento, 213 por ciento y 46 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, el salario mínimo de un obrero se ha incrementado en sólo 44.6 por ciento, lo que en otras palabras nos dice que mientras en 2000 con un salario mínimo diario (37.90 pesos) un obrero podía adquirir un kilo de frijol, uno de arroz, otro de huevo, un litro de aceite y medio kilogramo de tortilla, para marzo de 2009 el salario mínimo diario (54.80 pesos) únicamente le permite adquirir la mitad de cada producto anteriormente señalado.

Por la débil situación estructural de la economía, en esta recesión el gobierno tiene que escoger entre proteger al sector de la producción real

Por la débil situación estructural de la economía, en esta recesión el gobierno tiene que escoger entre proteger al sector de la producción real o proteger al sector financiero. La caída de la economía de -9.5% anualmente en enero indica la urgencia de atender al sector real. A su vez, la devaluación del peso, que casi llegó a 16 por dólar, indica la urgencia de atender los flujos financieros. Es claro que el gobierno no puede atender los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, no puede aumentar el gasto (como lo hacen Estados Unidos y muchos países), aumentando con ello el déficit fiscal y el déficit en la cuenta corriente externa, y al mismo tiempo esperar que el peso no se debilite más. Lo que el gobierno trata de evitar es un juicio negativo de las agencias calificadoras de riesgo (las cuales por cierto están desprestigiadas), que temen un cambio de política que se refleje en las cuentas fiscales. De ahí que haya escogido proteger al sector financiero y que para ello tenga que intervenir en los mercados. Por ejemplo, indujo que las afores no compren valores extranjeros; ha intervenido con más de 20 mil millones de dólares para fortalecer el peso; y ahora se prepara para rescatar a Cemex, aun con dólares prestados, pues considera que su incumplimiento con acreedores dañaría el crédito internacional del país. Pero a la vez se desentiende del alto desempleo interno. En la práctica no hay ninguna política económica contracíclica para suavizar el efecto del desplome de las exportaciones. Por el contrario, sigue aplicando el IETU a empresas que ya están golpeadas por pérdidas y se niega a bajar el precio del diesel. Los recursos que dice tener proyectados para gasto en infraestructura, de 597 mil millones de pesos, no los está gastando más que en una parte mínima. Y hasta decidir sobre la nueva refinería lo pospone.