En lo que podría ser un Fobaproa empresarial, el gobierno mexicano destinará 50 mil millones de pesos a partir del 1 de noviembre del presente año

En lo que podría ser un Fobaproa empresarial, el gobierno mexicano destinará 50 mil millones de pesos a partir del 1 de noviembre del presente año para garantizar las emisiones de deuda de las principales empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que durante los últimos días han tratado de colocar bonos de deuda, pero que, debido a su situación, dichas subastas se han declarado desiertas.Lo anterior fue señalado por Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México, quien agregó que al igual que lo hiciera el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en la crisis de 1995 adquiriendo, es decir, comprando la cartera chatarra de los bancos, mediante el llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), esta vez serán Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) quienes adquirirán deudas de empresas como Comercial Mexicana, Coppel, Cemex, GMAC y Navistar Financial para dar liquidez a sus operaciones.“Esto definitivamente podría ser el inicio de un ‘Fobaproa empresarial’ en virtud de que nada ni nadie puede asegurar que en el futuro estas empresas liquidarán sus adeudos al gobierno, como sucedió en 1995 con el Fobaproa y los bancos”, señaló Di Costanzo.“Más aún, absurdamente, el gobierno mexicano otorgará estos avales o garantías sobre la deuda de las empresas a cambio de nada, lo que resulta totalmente incomprensible debido a que recientemente el paquete de apoyo aprobado en Estados Unidos requirió, entre otras cosas, la aprobación del Congreso y, desde luego, la empresas que fueron apoyadas entregaron a cambio acciones de las propias empresas”, afirmó el funcionario lopezobradorista.“Por ello —abundó—, resulta urgente que el Congreso mexicano, solicite un amplio informe del Programa de Apoyo Empresarial, ya que sin lugar a dudas podría ser el inicio de un ‘nuevo Fobaproa’ debido, fundamentalmente, a que en la actualidad existen instituciones bancarias como Banamex, Banorte e Ixe que podrían ser beneficiadas con estos apoyos y, finalmente, los 50 mil millones de pesos que se utilizarán para estas operaciones, son recursos públicos, y que en pocas palabras están adquiriendo deudas de estas empresas, violando con ello la facultad constitucional del propio Congreso mexicano para aprobar y mandar pagar la deuda nacional”.“Es importante recordar que al menos ocho compañías que cotizan en Bolsa han declarado pérdidas que en su conjunto alcanzarían los 3 mil millones de dólares debido a su exposición en derivados, y en cualquier momento podrían recurrir al ‘concurso mercantil’, que podría derivar en la ‘quiebra’ de cualquiera de estas empresas y con ello la imposibilidad de ‘cumplir’ con la deuda adquirida por el gobierno mexicano”, concluyó Mario di Costanzo.